jueves, 22 de noviembre de 2007

Los micos de Patarroyo


MANUEL ELKIN PATARROYO


Es uno de los científicos colombianos más mencionados en el país y en el mundo por sus investigaciones sobre la malaria y el desarrollo de una vacuna sintética para combatir una enfermedad que, cada año, afecta a entre 300 y 500 millones de personas y mata a cerca de tres millones, en su mayoría niños y mujeres embarazadas.
Autor de múltiples publicaciones sobre el tema en revistas especializadas tan prestigiosas como Nature, The Lancet y Vaccine, Patarroyo se convirtió en referencia obligada sobre el tema y en conferencista de foros mundiales sobre enfermedades infecciosas. El 1º de noviembre fue escogido por Scopus -una base de datos de las principales revistas científicas del mundo- como el investigador que más documentos especializados ha producido en Colombia, 316, y cuyas investigaciones han sido citadas 4.715 veces por investigadores internacionales.
Además de todo esto, desde hace 20 años Patarroyo ha sido un consentido de los gobiernos, que no han vacilado en destinar jugosas sumas a su laboratorio de investigación (ver recuadro), entre otras razones porque las primeras pruebas confiables de la vacuna -conocida como SPf66- primero en Colombia y luego en Tanzania, demostraron una eficacia cercana al 40%, un resultado modesto desde el punto de vista inmunológico, pero enorme desde la perspectiva de la salubridad. Por eso en 1994, el mismo año en que recibió el Premio Príncipe de Asturias por su descubrimiento, cantó victoria y en una entrevista que dio a la revista Estrategia dijo: "Yo ya marqué territorio, la vacuna es ya uno de los hitos más importantes de la historia de la parasitología".
Meses más tarde, invitado a clausurar la reunión anual de la Asociación de Escritores de Ciencia y Tecnología de Canadá, no se ruborizó al afirmar que si hubiera sido estadounidense, "ya me habría ganado el Premio Nobel". Poco después decidió donar los derechos de su vacuna a la Organización Mundial de la Salud, con lo cual no sólo se convirtió en uno de los científicos más admirados del mundo por su altruismo, sino que logró acallar las voces de sus detractores que habían manifestado sus reservas por el método completamente empírico que Patarroyo había utilizado para desarrollar la vacuna y porque no había seguido el protocolo establecido para las pruebas epidemiológicas.
Muchos se declararon entonces dispuestos a darle el beneficio de la duda a la SPf66. En Gambia y Tailandia se adelantaron pruebas de campo que no arrojaron resultados satisfactorios, frente a lo cual Patarroyo, incrédulo, dijo que la vacuna usada, fabricada en Estados Unidos, podía no ser idéntica a su SPf66. En efecto, contenía un porcentaje más alto de una sustancia que la vacuna original. Pero una prueba adicional hecha en Vigía del Fuerte, Chocó, por investigadores del Instituto Colombiano de Medicina Tropical con vacunas hechas en el Instituto Inmunológico del Hospital San Juan de Dios -el laboratorio de Patarroyo- confirmó los malos resultados.
A pesar de que el científico estaba en la dirección correcta, no había dado en el blanco. Pero no desfalleció y para disimular el fracaso comenzó a trabajar en vacunas contra otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, con la advertencia de que el objetivo no era desarrollar una vacuna contra la malaria sino una metodología para producir vacunas. Pero en 2001, la falta de recursos puso en jaque el proyecto. Deudas, embargos e hipotecas llevaron al desalojo de los tres edificios que tenía el Instituto en el San Juan de Dios, y Patarroyo y su equipo debieron trabajar en espacios prestados por el Instituto Nacional de Salud.
Sorteada la crisis, Patarroyo siguió adelante pero los problemas no se acabaron y hoy enfrenta serios cuestionamientos por la forma como adelanta los experimentos en la selva amazónica.
Daño ecológico
La médica veterinaria Lina María Peláez, una de las pocas profesionales de esta rama que ha trabajado con Patarroyo en Leticia y quien hizo parte del equipo de investigadores entre el 1º de abril de 2004 y el 10 de julio de 2005, renunció por motivos que especificó en su carta de renuncia: "El daño ecológico que causan las personas que sin previo entrenamiento capturan en forma indiscriminada a los micos de la especie Aotus nancymae y arrasan con los bosques primarios; la falta de permiso para experimentar con esta especie, pues el permiso es para otra; el incentivo para el tráfico indiscriminado de especies silvestres, ya que cualquiera viene a vender los micos, y la falta de resultados", son algunos apartes de su misiva.
Pero su queja principal era sobre todo porque las cosas no se hacían en la forma correcta. "A estos primates no se les ha realizado un estudio de dinámica poblacional -escribe-. Y no se ha realizado una programa de reproducción que sería lo más normal en una explotación como ésta".
Periodistas de CAMBIO viajaron al centro experimental de la Fundación de Inmunología de Colombia, Fidic, que dirige Patarroyo en Leticia, Amazonas, y aunque no les fue permitido el acceso, lograron obtener pruebas irrefutables del tráfico de las especies Aotus nancymae y Aotus vociferans -los indígenas los llaman micos nocturnos- desde las selvas de Perú y Brasil hacia el centro, y además verificaron que muchos mueren tras una larga agonía (ver galería de fotos).
Irregularidades

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpoamazonía, tiene abierto un expediente (No.000102) por denuncias sobre irregularidades cometidas por el equipo de investigadores del centro experimental. Hay evidencia de que personas procedentes de Perú y Brasil venden animales al Fidic sin haber realizado los trámites de legalización ante sus gobiernos, y además existe gran preocupación porque el centro recibe animales muy jóvenes, lo cual deriva en la disminución de la población porque no quedan animales para la reproducción.

Las inquietudes de la Corpoamazonía se basan también en conceptos de especialistas, como Sara Benneth, una bióloga experta en conservación ambiental que el pasado 15 de septiembre hizo serios reparos a la actividad que desarrolla Patarroyo con los primates y señaló la inconveniencia de que muchos de los animales para los experimentos provengan de países vecinos.

Por su parte, Claudia Marín, funcionaria de Corpoamazonía, descubrió en una visita que hizo al centro experimental el pasado 19 de octubre que algunos animales estaban en pésimo estado de salud (ver fotos), que otros sobrepasaban el tiempo límite de estancia y, lo más grave, que no existe un plan de rehabilitación para los que debían ser liberados. "También encontramos en los libros que la mayoría de ejemplares habían sido traídos sin autorización de Perú y Brasil", le dijo Marín a CAMBIO.
Sin embargo, la página de Internet del centro experimental dice que las pruebas con micos no contemplan la muerte o el sacrificio de los animales y que "los animales serán manipulados y mantenidos apropiadamente para generar resultados confiables que garanticen las mejores condiciones para los animales en experimentación". Las fotos tomadas por CAMBIO demuestran lo contrario en algunos casos.
Permiso renovado
No obstante los reparos científicos y el cúmulo de denuncias contra los experimentos de Patarroyo, Corpoamazonía renovó el permiso que le dio al Fidic el 13 de septiembre de 2006, para capturar, durante ocho meses, 1.600 ejemplares de la especie Aotus vociferans en San Juan de Atacuari y las islas del río Amazonas que están en el trayecto Leticia-Puerto Nariño, en la parte colombiana. Una renovación que el director de Corpoamazonía, Helber Huerfia, considera en orden, pero que cuestionan algunos funcionarios que no se explican por qué Patarroyo la obtuvo si contra él hay un proceso en marcha. "Yo fui al Ministerio del Medio Ambiente y evaluaron los pros y los contras de ese permiso, y abogados de la institución dijeron que no había problema -asegura Alejandra Galindo, bióloga de Corpoamazonía- Definitivamente ese señor se mueve en los grandes círculos y todo lo hace posible".

Esta opinión coincide con la que Peláez expresó en su carta de renuncia y en la que hace alusión a la influencia de Patarroyo en los círculos de poder: "Actualmente no se cuenta con el permiso (que además está dado para otra especie) y no sería justo que lo concedieran por la razón mencionada anteriormente (el sufrimiento y el estrés de los animales, y la falta de resultados), sólo que en este país cuenta más tener amigos y hablar con mucha gente para que las cosas sean hechas de manera corrupta".

Todo por la plata
Algo anormal está ocurriendo en el centro experimental que dirige Patarroyo. A principios de octubre, más de 15 indígenas de la comunidad Ticuna del Perú emprendieron una travesía de cinco horas en lancha, desde el resguardo de Puerto Alegre hasta Leticia, para llevar al centro experimental más de 120 micos de la especie Aotus capturados en zona peruana.
Ese día, como casi todos las semanas, debieron evitar que las autoridades colombianas detectaran el botín que llevaban a bordo y que sería vendido por 600.000 pesos. Llegaron cerca de las 5:00 a.m. al centro, donde fueron recibidos por el biólogo Raúl Rodríguez, quien luego de revisar el encargo les entregó el dinero y les habló de la necesidad de conseguir más micos nocturnos en el menor tiempo posible.

Sin embargo, antes de despedirse les advirtió: "En este centro trabajamos con el insumo que ustedes nos proveen, pero tengan cuidado con las autoridades colombianas porque nadie se puede enterar de que estos animales son peruanos o brasileros. No respondemos si alguno de ustedes se deja pillar y termina en la cárcel". Y es que el Código Penal colombiano dice en el artículo 328: "El que introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, incurrirá en prisión de dos a cinco años". Pero, además, el artículo 334 advierte: "El que sin permiso de autoridad competente realice experimentos, introduzca o propague especies animales, vegetales, hidrobiológicas o altere la población animal o vegetal, incurrirá en prisión de dos a seis años".

También es claro que el grupo de Patarroyo ha pasado por alto los principios éticos de la investigación biomédica, adoptados en la Asamblea Médica Mundial llevada a cabo en Helsinki, Finlandia, en 1964. En su duodécimo numeral, la conocida Declaración de Helsinki establece: "Al investigar, hay que prestar atención adecuada a los factores que puedan perjudicar el medio ambiente. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos".

Los periodistas de CAMBIO fueron a Puerto Alegre, una población peruana de no más de 30 viviendas, a dos horas de Leticia por el río Amazonas, donde los indígenas, aparte de la agricultura, viven de la venta de micos al centro experimental. Uno de ellos, Víctor González, de 39 años, que ya perdió la cuenta del tiempo que lleva capturando micos, le contó a CAMBIO sobre esta actividad: "Los micos son muy esquivos con los humanos y para capturarlos debemos arrasar con 30 metros de bosque alrededor del árbol donde se encuentran. Si no hacemos eso, el mico se nos vuela. Debemos llevar los animales a Leticia en la madrugada, escondidos, para no dejarnos ver de las autoridades porque si nos cogen nos dan tres años de cárcel. El doctor Patarroyo nos ha dicho que tengamos cuidado con eso y que si nos coge la ley digamos que los animales los capturamos del lado colombiano".
En Barranquilla, un corregimiento peruano a cuatro horas de Leticia por el Amazonas, los indígenas Evin Santos y Yolvin Santajaya también hablan del tráfico de micos. "Llevo cuatro años capturando micos y a veces creo que ya se están acabando -dice Santos- Raúl, que trabaja para el doctor Patarroyo, me paga 50.000 pesos por cada uno. Para evitar sustos a veces envío los micos con mi tío Carlos Barbosa que tiene cédula colombiana". Por su parte, Santayana dice: "Lo único que nos interesa es la plata y el doctor Patarroyo paga bien por cada mico".
Como ellos, indígenas de Chinería, Gamboa, Yahuma, Vista Alegre, San José de Yanayaco y San Mguel en Perú, y de Bon Sitio, Tucano, Sacambú y Puerto Brasil en Brasil, llegan los viernes al centro experimental de Patarroyo para vender micos de las dos especies, una de las cuales, la Aotus vociferans, está en peligro de extinción si no se controla su comercio, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora en Peligro, CITES.

CAMBIO tuvo acceso a documentos del centro experimental, correspondientes a 2004 y 2005, y en ellos aparecen listados completos de proveedores, fechas y procedencia de los animales, que demuestran el tráfico ilegal de micos de los países vecinos.

¿Por qué el doctor Patarroyo compra ilegalmente micos capturados en Perú y Brasil si durante años ha tenido permiso para hacerlo en Colombia? La respuesta parece tenerla Marta Bueno, profesora asociada del Departamento de Biología de la Universidad Nacional: "En Colombia puede encontrase esta especie en pequeñas cantidades, pero según una clasificación de las especies de Aotus, hecha por especialistas en 1983, los Aotus nancymae habitan especialmente las selvas de Perú y Brasil".

El asunto no es nuevo para el Ministerio del Ambiente en Bogotá. Según Claudia Rodríguez, del área de Ecosistemas, hace dos años el Ministerio intervino en una controversia entre Corpoamazonía y Patarroyo, y aunque había alguna evidencia de irregularidades la investigación no terminó en nada.

En Perú y Brasil, funcionarios de entidades ambientales le aseguraron a CAMBIO que aunque tienen información parcial sobre el tráfico de micos para el científico Patarroyo, no han podido hacer nada, entre otras razones porque las autoridades colombianas no controlan el ingreso de especies de otros países. "Desde hace dos años he recibido informes sobre este asunto y si un país actúa y el otro no, se vuelve improductiva nuestra labor -aseguró Hermes Nunes Boges, jefe del Instituto Brasilero del Medio Ambiente, IBAMA-. Estamos intentando una reunión con la Comisión de Vecindad para que unifiquemos las leyes en este sentido".
Por su parte, Jaime Santander, del Instituto de Recursos Naturales de Perú, INRENA, dijo que aunque su despacho no ha recibido denuncias concretas, tiene información de que el médico colombiano está aprovechando de manera ilegal la fauna peruana. Y remató: "Lo cierto es que no hemos entregado permisos para explotación de micos".

CAMBIO intentó sin éxito comunicarse con el doctor Patarroyo. Tanto en el Fidic en Bogotá como en el centro de Leticia dijeron que estaba fuera del país y que salvo él nadie podía hablar sobre el tema.

La pelota está ahora en el campo colombiano. ¿Qué harán las autoridades competentes? ¿El Gobierno seguirá dándole recursos a Patarroyo, como lo ha hecho hasta ahora? ¿No es hora ya de poner en blanco y negro los experimentos del científico colombiano?

MUCHO TILÍN, TILÍN...

El pasado 26 de septiembre, el Ministro de Protección Social, Diego Palacio, envió una carta al Director General del Instituto Colombiano de Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, Colciencias, en la que le pide que en los procesos para adjudicar recursos para investigación se asegure de que "todos los participantes reciban la información sobre convocatorias, calificación y resultados de evaluación".

La carta envía un mensaje subliminal, pues desde hace cinco años los recursos del Ministerio destinados a investigación han ido a parar a una sola mano: la del científico Manuel Elkin Patarroyo. Por esta razón, desde enero del año pasado, decidió responsabilizar a Colciencias de la asignación de los recursos por medio de un concurso de méritos. "La idea es no entregar los dineros a una sola persona como se venía haciendo desde 1989", le dijo a CAMBIO un alto funcionario del Ministerio.

Y es que desde 1989 hasta hoy, Patarroyo ha recibido más de 64.000 millones de pesos para su centro de investigación y experimentación, mientras otras entidades o no reciben nada o sólo reciben migajas.

"Él se creía el dueño del presupuesto. Por eso, en los últimos años hemos dado la pelea para que los recursos no vayan a parar sólo al centro de este científico, entre otras cosas porque no vemos los resultados que anunció", le dijo a CAMBIO la misma fuente.

viernes, 5 de octubre de 2007

Los negociantes de la salud dejan morir a los pacientes para aumentar sus ganancias


Los negociantes de la salud dejan morir a los pacientes para aumentar sus ganancias


Por Camilo Raigozo. VOZ
En la pasada edición de VOZ, expusimos dos ejemplos en los que se demostraba que la privatización de la salud de los colombianos, trajo como consecuencia que las personas que no tengan suficiente alcance económico para pagar los costosos tratamientos médicos, ofrecidos por las Empresas Administradoras de riesgos Profesionales (ARP) y las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), favorecidas por el gobierno para explotar mercantilmente ese jugoso negocio, se tienen que morir en las puertas de los hospitales o recurrir a malabares engorrosos para exigir una adecuada protección del derecho a la vida.En dicha edición, hablamos de un caso de la ARP Colpatria y otro de la EPS Colmédica. En ambos casos, los pacientes tuvieron que solicitar la ayuda de la Personería de Bogotá, ente que se la brindó de manera eficiente y por medio de tutelas lograron que los mercaderes de la salud respondieran por sus obligaciones.Hoy denunciamos un ejemplo, de cómo las empresas que tienen la obligación de proteger la salud de la población, que por su precaria condición económica está afiliada al régimen subsidiado de salud, Sisben, se muestran renuentes a cumplir con sus obligaciones.Olga Flórez es una humilde mujer cabeza de familia, madre de tres hijos, residente en el sur de la capital. Los ingresos para la manutención de sus hijos los percibía de la venta de arepas y chorizos, hasta que una penosa enfermedad la dejó postrada en una cama.Su viacrucis y el de sus hijos comenzó en junio del año 2003, cuando presentó severos trastornos ginecológicos, con fiebre y tensión alta, que fueron tratados con antibióticos simples por la empresa Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), Cafam.Dos años después, tuvo que asistir nuevamente a Cafam, pues los dolores abdominales, la gastritis y la hipertensión arterial se tornaron insoportables. Le volvieron a suministrar calmantes y algunos medicamentos.En marzo de 2006, volvió el dolor pélvico mucho más agudo. Por fin le hicieron una ecografía en la que se halló una masa anexial derecha (un tumor uterino). Sin embargo, pese al resultado le negaron la valoración de ginecología, con la excusa de que dicha enfermedad no está contemplada dentro del Plan Obligatorio de Salud, según lo expresa la propia Defensoría Distrital, quién conoció el caso.Según el ente de control, “pese a que a la paciente le había sido diagnosticada una miomatosis uterina hace seis meses, a la afiliada al régimen subsidiado le negaron el tratamiento para enfrentar su enfermedad y simplemente se han dedicado a darle algunos cuidados paliativos”.Días después, Olga Flórez tuvo que ser llevada de urgencia a la ARS Cafam , pues presentaba inflamación abdominal, intenso dolor pélvico y sangrado vaginal. Le practicaron un legrado y la mandaron a su casa, pero no iniciaron ninguna acción para eliminar el tumor, pese a que el médico que la trató había ordenado realizarle una histerectomía abdominal (extirpación del tumor).Con su penoso estado de salud y su deprimente condición económica, Flórez emprendió una batalla perdida contra los negociantes de la salud de la ARS y la Secretaría de Salud, quienes una y otra vez le negaron el derecho a la vida. Finalmente acudió a la Personería de Bogotá. Allí los abogados le redactaron una tutela por la que el juez sesenta y siete civil municipal, ordenó protegerle la vida a la paciente con el tratamiento integral adecuado, a la ARS Cafam y a los hospitales Meisen y Usme.Sin embargo, por no ser estos hospitales distritales de nivel tres, Olga Flórez tuvo que ser remitida de urgencia al Hospital Simón Bolívar, en donde a través de maniobras dilatorias y burocráticas le negaron el servicio. Fue necesario apelar a otra tutela, en la que nuevamente la Personería le brindó apoyo, para obligar a que la red de salud atendiera de forma acelerada a la moribunda paciente.Son los estragos causados por la Ley 100 de 1993, presentada al Congreso por su ponente, entonces senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, quién ahora como Presidente, acaba de finiquitar su obra privatizando lo que restaba de la salud pública, convirtiendo la salud de los colombianos en mercancía entregada en bandeja a las voraces fauces del capital financiero.
Pie de foto: El gobierno prefiere entregar la salud de los colombianos a la voracidad del capital financiero o mantener cerrados los hospitales como el caso del San Juan de Dios.
Foto. C. Raigozo

miércoles, 3 de octubre de 2007

Breve Reseña

Académico Adolfo de FranciscoSesión
Especial Mayo 14 de 1998

Al iniciarse la etapa republicana de nuestra historia, Santafé de Bogotá era una ciudad que contaba apenas con veinticinco mil habitantes, población bastante exigua si se la compara con los varios cientos de miles de Tenochtitlán a la llegada de los españoles, o con los noventa mil con que contaba Sevilla, la más populosa de las ciudades de la península ibérica, al iniciarse la conquista. San Juan de Dios, a fines del siglo XVIII, había sido prácticamente el único hospital con que contaba la capital del Virreinato. Muy pronto, sin embargo, al iniciarse la república, otros pequeños hospitales se dieron al servicio para atender núcleos especiales de la población como los militares y los menesterosos.
En el año de 1828, el Libertador Simón Bolívar dictó un decreto que determinaba las funciones que debían cumplir los síndicos de los hospitales y en especial los de San Juan de Dios, y en octubre de 1832, la Cámara de la Provincia de Bogotá dictó el Decreto Orgánico del Hospital de Caridad. Se determinaba en el artículo primero que "En el Hospital de San Juan de Dios no se admitirá sino el número de enfermos que puedan asistirse con toda comodidad con el producto de sus rentas". El artículo tercero decía que "Se admitirán de preferencia aquellos pobres que tengan enferme-dades incurables i asquerosas, los que saldrán del hospital sólo en caso de que logren curarse perfecta-mente", y el artículo cuarto rezaba: "No se admiti-rán esclavos de ninguna clase de personas". Este decreto orgánico del Hospital lleva las firmas del Presidente de la Cámara, doctor José Félix Merizal-de y de don Rafael María Vásquez como Secretario.
En octubre de 1835, la Cámara de la Provincia de Bogotá, mediante decreto, estableció la Junta Administradora que debía gobernar el hospital, señaló el número y la calidad de sus funcionarios, y tres años más tarde reglamentó los aspectos económicos de la Institución. Los médicos forma-dos en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario que ejercían en el Hospital, desempeñaban labores médicas y quirúrgicas alternadas con quehaceres administrativos. El doctor José Félix Merizalde, por ejemplo, quien dirigió por algún tiempo el servicio de enfermedades venéreas e hizo reproducir sobre la puerta de entrada el conocido lema que existía en La Salpetriere de Paris: "Si no temes a Dios témele a la sífilis", pidió a la Goberna-ción de la Provincia que prohibiera la entrada al Hospital a los que hubieren contraído enfermedades debidas a su mala vida, como las prostitutas y los alcoholizados, alegando que la institución era pobre y que, en consecuencia, no debía aplicar sus recur-sos para tratar a los viciosos. La autorización pedida le fue otorgada pero la disposición tuvo corta vigencia.
Durante el siglo pasado el Hospital atendió toda clase de enfermos, desde los afectados por las epidemias de enfermedades infectocontagiosas hasta los heridos en las guerras civiles que frecuen-temente se presentaron por esos tiempos. Presiden-tes y expresidentes como José Hilario López y José María Obando fueron tratados en sus salas de enfer-mería, al igual que las damas más linajudas de la sociedad.
En 1858 el Estado de Cundinamarca sancionó el Código de Beneficencia en el que trataba de los enfermos mentales, disponiendo que fuesen recibidos en el Hospital, pero las condiciones para su internamiento eran tan exigentes que muy pocos podían ser hospitalizados. Refiriéndose al tema de los enfermos mentales, don Lino de Pombo decía: "Cuando alguno de ellos llegaba a enfermar-se, lo encerraban en su casa, si la tenía, o si no, ya en último caso, se llevaba al Hospital de San Juan de Dios, en donde el tratamiento al que se le sometía, de encierro en calabozos lóbregos y fríos, llamados con mucha propiedad jaulas, sujetado con cadenas, bañado con frecuencia con agua fría, en una palabra torturándolo implacablemente, pronto daba cuenta de él, siendo naturalmente raro el que escapaba con vida de semejante régimen, que dicho sea de paso era el régimen conocido y aplicado en aquellos tiempos en casi todo el mundo para el tratamiento de los que para su gran desgracia la suerte castigaba con la pérdida de la razón". Años más tarde, ya en este siglo, la Beneficencia de Cun-dinamarca organizó las instituciones hospitalarias destinadas al fin exclusivo de atender los enfermos mentales. San Juan de Dios no volvió a recibirlos y tan sólo en 1973, ocupando yo la Dirección del Centro Hospitalario, se inauguró una Unidad Psi-quiátrica, con el nombre del profesor Maximiliano Rueda Galvis, en donde se pudieran atender los problemas psicológicos y psicosomáticos de los enfermos de tan importante Hospital General.
Un hecho importante en la historia del Hospital tuvo lugar en 1867 cuando el General Santos Acosta sancionó la ley presentada a la Cámara de Representantes por el diputado doctor Vicente Plata Azuero creando la Universidad Nacional, y el Hos-pital de San Juan de Dios, que pertenecía al Estado de Cundinamarca, se incorporó a ella. El decreto reglamentario de la Ley que estableció la Universi-dad Nacional, designó como local para la Escuela de Medicina el claustro principal del edificio de San Juan de Dios anexo al Hospital. El decreto firmado por el Presidente Santos Acosta, fue segui-do por el nombramiento de todo el profesorado de la Escuela de Medicina, entre los cuales figuraron médicos eminentes de la categoría de Antonio Vargas Reyes y Nicolás Osorio. Dos años más tar-de, en 1870, el Hospital de San Juan de Dios entró a formar parte de los establecimientos adminis-trados por la Junta de Beneficencia de Cundina-marca.
Sucesivas modificaciones legales han venido cambiando la relación del Hospital con la Universi-dad Nacional y las instituciones de salud del Estado. Pero su vigencia como Hospital Universi-tario, destinado principalmente a la atención de los menos favorecidos por la fortuna y a la formación de los profesionales de la salud, se ha seguido manteniendo incólume a lo largo de los 275 años de su existencia. Hacia mediados de este siglo, San Juan de Dios era prácticamente el único hospital de la ciudad en donde se enseñaba la profesión médica. La aparición de nuevas Facultades de Medicina y de nuevos hospitales, permitió que la acción universitaria se cumpliera con éxito induda-ble en otras instituciones. Sin embargo, el Hospital de San Juan de Dios, con su inmensa y respetable tradición, con su vigoroso y permanente impulso por alcanzar metas cada vez más altas en el desarrollo de su misión, continuará siendo, sin duda alguna, el más importante de los Hospitales del país para todos aquellos que nos formamos en él y para los que en algún momento de nuestras vidas tuvimos el honor de dirigirlo.

martes, 2 de octubre de 2007

LO QUE ES DEMOCRACIA DIRECTA


LO QUE ES DEMOCRACIA DIRECTA


Democracia: Gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía.
Para que se de la plena democracia tiene que existir la democracia directa, ya que se trata de la deliberación y decisión directa del ciudadano informado, tanto en el proceso legislativo como en el gobierno y la políticas públicas.
En Colombia funciona la democracia representativa, en la que los votantes eligen al gobierno y al congreso dándoles todo el poder para que decidan como mejor les parezca y como estamos bajo el régimen de un sistema capitalista voraz, la democracia representativa esta a su servicio, la plata es la que elige, de ahí la mala distribución del ingreso (La acumulación de la riqueza en pocas manos y el aumento y de la pobreza y la miseria en las grandes mayorías.


El que delega a otros para que decidan por él, pierde, y cada vez perdemos mas.


¡LUCHEMOS POR TENER UNA DEMOCRACIA DIRECTA PARA DERROTAR LA INJUSTICIA SOCIAL!

domingo, 30 de septiembre de 2007

Sigue la lucha «Por el San Juan de todos

Sigue la lucha «Por el San Juan de todos
Por: Àngel Libardo Herreño - Enviar Correo al Autor - Más Artículos del Autor
Las luchas por la defensa de los derechos sociales deben ser estratégicas y planificadas, a mediano y largo plazo. Con este propósito, 25 organizaciones sociales y no gubernamentales celebraron durante los días 1 y 2 de agosto de 2007 el Primer Encuentro sobre Estrategia Jurídica y Social por el San Juan de Dios de Bogotá.
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Seis paneles sirvieron para realizar un balance de la problemática social y jurídica por la que atraviesa el Centro Hospitalario Universitario San Juan de Dios: (i) origen y trayectoria histórica del San Juan de Dios, (ii) análisis del aspecto jurídico de la crisis, (iii) construcción de redes para la exigibilidad de los derechos humanos, (iv) crisis del San Juan en el marco de la política neoliberal de salud, (v) construcción colectiva de estrategias de exigibilidad social y jurídica y (vi) situación de la prestación de servicios de salud en Bogotá. También sesionaron dos mesas de trabajo, una social y otra jurídica, con el propósito de diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la problemática del Centro Hospitalario. Se presentó asimismo la página www.justiciaensalud.olimpo.org, que permitirá la comunicación e integración de las luchas por el derecho a la salud en Colombia.

Situación jurídica actual del Centro Hospitalario San Juan de Dios

Mediante fallo del Consejo de Estado de marzo de 2005, se precisó la naturaleza jurídica de Derecho público del Centro Hospitalario Universitario San Juan de Dios (CHSJD), anulándose los Decretos 290/79, 1374/79 y 371/98, por los cuales el poder ejecutivo había creado ilegalmente la Fundación San Juan de Dios (FSJD), supliendo la voluntad del fundador y adoptando los estatutos de la misma.

Lo que el fallo estableció fueron las siguientes cosas:

• El CHSJD no es continuación del antiguo Hospital San Pedro, que tuvo su origen en la donación hecha por fray Juan de Los Barrios y Toledo, consistente en unas casas de su propiedad que entregó por escritura pública otorgada en 1564 en la ciudad de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, para que se destinaran al funcionamiento de un hospital de atención para pobres, ya fueran españoles o naturales. El CHSJD (originalmente Hospital de Jesús, María y José) es una institución de beneficencia completamente diferente en su origen, en su naturaleza jurídica, en su orientación administrativa, constitución y patrimonio, ya que nació de una Cédula Real del Rey Felipe V, de 1723, y se construyó con dineros de los Hermanos de San Juan de Dios.
• La diferencia estriba en que el Hospital San Pedro se creó por una voluntad particular (la del fraile), mientras el CHSJD por una voluntad pública (un patronato del Rey Felipe V, bajo el régimen del derecho público de las Leyes de Indias). El Hospital San Pedro es una fundación de las contempladas en el Código Civil, en tanto que el Hospital San Juan de Dios es una institución de beneficencia de carácter oficial.

• En consecuencia el CHSJD nunca ha tenido la calidad de fundación, y desde su creación e institucionalización como entidad de beneficencia siempre ha pertenecido al sector público. Para la época de expedición de los decretos anulados, era un bien de propiedad del departamento de Cundinamarca-Beneficencia de Cundinamarca, así estuviera intervenido por el Ministerio de Salud para efectos de su administración. El CHSJD nunca gozó de los atributos propios de las personas morales o jurídicas privadas, esto es, la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Siempre fue dependiente de las entidades territoriales que lo regentaron.
• Así que cualquier clase de regulación para su funcionamiento y desarrollo debía partir de la Asamblea o del Gobierno Departamental y en manera alguna del Ejecutivo Nacional, en razón de que los bienes territoriales son de su exclusiva propiedad y gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y la administración de sus asuntos (Constitución Política, artículos 287, 298 y 300, numerales 7, 9 y 362). De esto resulta que los decretos demandados son nulos por violar los artículos 121, 189 num. 26, 298, 300 num. 9 e inc. Final, y 362 de la Constitución de 1991.
• Hizo notar el fallo, además, de que las instituciones que forman parte del CHSJD se encuentran protegidas de manera especial por la Ley 735 de 2002, que las declaró monumentos nacionales y patrimonio cultural de la nación.

Por lo menos tres son los efectos inmediatos de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado:

• Al ser declarados nulos los Decretos 290 de 1979, 1374 de 1979 y 371 de 1998, por los cuales se creó la Fundación San Juan de Dios y se le dieron sus estatutos, el CHSJD vuelve a ser una entidad de Derecho público a cargo de la Beneficencia del departamento de Cundinamarca.
• Las personas naturales que laboran en el CHSJD adquirieron la condición de servidores públicos (art. 123 CP), bien en calidad de trabajadores oficiales, bien como empleados públicos, sin perjuicio de los derechos adquiridos en vigencia de la Fundación.
• Los bienes donados a lo largo de la historia al CHSJD constituyen patrimonio público, es decir, se rigen por el campo del Derecho público administrativo al ser un atributo de la persona jurídica del Estado (encarnado en el CHSJD), con el cual cumple sus fines y obligaciones. La nulidad provocó el decaimiento o pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos (art. 66 num. 2 CCA), en la medida en que desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho. Por tanto, todos los negocios jurídicos de disposición del patrimonio público del CHSJD, realizados a la sombra de los decretos anulados desde 1979, son nulos y tal patrimonio público debe ser reintegrado con todos sus rendimientos.

Lo que se ve a primera vista es que las decisiones tomadas a partir del fallo por parte de la Gobernación de Cundinamarca, entre ellas la decisión de liquidación de la Fundación, pueden estar incurriendo en un desacato o fraude a resolución judicial, más si en este proceso se continúa disgregando el patrimonio público del CHSJD.

Aunque el Ministerio Público advirtió en agosto de 2005 que no se puede liquidar lo que no ha existido, el proceso liquidatorio se abrió paso. Gracias al Decreto 00099 de 2006, expedido por la Gobernación de Cundinamarca bajo el aval del Acuerdo Marco suscrito entre la extinta FSJD, el Ministerio de la Protección Social, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Procuraduría (que intervino como mediadora) para avanzar en la viabilidad operativa del Instituto Materno Infantil, se designó liquidador de la FSJD.

El resultado que se debería esperar de la liquidación de la FSJD es el reintegro del patrimonio público del CHSJD. Este fin es bastante complicado si se tiene en cuenta la respuesta dada por la Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca el 13 de octubre de 2006 (ref: BEN-GG 00662) a un derecho de petición en el cual se indagaba por la disposición que esta entidad había hecho de los terrenos de la Hacienda El Salitre, donada por José Joaquín Vargas en los años 30 del siglo pasado.

La Beneficencia de Cundinamarca manifiesta no tener información completa sobre los negocios jurídicos y los costos de los terrenos vendidos de la Hacienda El Salitre (con una extensión original de 2.200 fanegadas, según consta en la Escritura 2451 de septiembre de 1937) a las entidades de carácter nacional que se encuentran en estos predios, igual que de las entidades privadas (como las sedes de los periódicos El Tiempo, El Espacio y El Espectador), de la sede de la Embajada de los Estados Unidos o de megaproyectos de vivienda como la Ciudadela El Salitre.

Señala que sobre un examen efectuado al certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria Nº 50C 6264 de la Hacienda, se constató que existe un total de 2.092 anotaciones de negocios jurídicos. En 1937, la Beneficencia realizó una venta parcial a la Nación de la hacienda de 2.000 fanegadas (el 91 por ciento del predio), por lo cual la gran mayoría de las entidades del orden nacional localizadas hoy en esos predios tiene su origen en el desenglobe posterior de esos terrenos.

En ninguna de las anotaciones hechas en el certificado de tradición se halló evidencia de venta alguna por parte de la Beneficencia de Cundinamarca a la Embajada de los Estados Unidos en la Avenida Eldorado. Y respecto a los lotes de terreno donde están las sedes de los diarios El Tiempo, El Espacio y El Espectador, solamente se encontró en la anotación 2006 (Escritura 5810 de 1973, de la Notaría Primera de Bogotá) la venta de un área de 6.858.75 metros cuadrados al periódico El Espacio, sin conocerse el valor de dicho acto.

La breve descripción realizada de la situación jurídica del CHSJD, sin considerar los efectos en materia laboral, civil y de responsabilidad administrativa en el manejo del patrimonio público del CHSJD, ya muestra la complejidad del problema a que se enfrenta el movimiento social que defiende esta entidad. El cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado y de sus efectos es el nuevo escenario que debe valorarse en la lucha social por la defensa del CHSJD. El estudio y la exigibilidad de los efectos jurídicos del fallo ameritan un minucioso trabajo jurídico y de creciente resistencia social

viernes, 28 de septiembre de 2007

Nuevo Referendo para Colombia. En defensa de la salud, la educación y lo servicios públicos


Enviado por Popayán el Jueves, 23/08/2007 - 5:25pm.
Nación
"Nuestro Referendo va ha ser contrastante con el del Referendo del presidente Uribe, recuerden que hace 4 años estábamos justamente combatiendo el Referendo del presidente que era una burla a la democracia participativa, un esperpento que no estaba al alcance de los electores, que no estaba al alcance del constituyente primario, naturalmente para que le dieran la firma y entonces legitimar una propuesta completamente perversa para la democracia colombiana. Y el constituyente primario por fortuna no le dio ese aval. Nosotros hemos elegido ese camino para mostrar como se hace un Referendo, cuales son las preguntas que hay que formular, de lo que se trata es de que le mostremos al presidente Uribe que no estamos de acuerdo con su propuesta desmanteladora de la Constitución del 91 y que el constituyente primario que él convocó de una manera frustránea nos va a acompañar en esta empresa".
Apartes del discurso de Carlos Gaviria Díaz en el lanzamiento de la campaña por el Referendo contra la Ley de Transferencias.
Por: Luz Edith Cometa L.
Ante un público expectante en el pabellón No. 17 de Corferias, fue presentada ayer públicamente la campaña que busca realizar un nuevo Referendo en Colombia. Esta vez en el polo opuesto del fiasco del presidente Uribe Vélez hace 4 años, la iniciativa que deberá ser presentada antes de febrero de 2008 al Congreso de la República, preguntará al pueblo colombiano de manera clara y sin un lenguaje especializado, entre otras cosas, si quiere o no que la Ley de Transferencias sea revocada o que si quiere que los recursos sean administrados directamente por los gobernantes regionales y no por el gobierno desde el centro.
\n\u003cp align\u003d\"justify\"\>Previo cumplimiento de los requisitos, la iniciativa quedó inscrita ante la Registraduría Nacional del Estado civil con la Res. No. 4231 del 13 de agosto de 2007, como una solicitud de Referendo Constitucional para garantizar la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y la descentralización administrativa, reforma a los art. 356 y 357 de la Constitución Nacional. \n\u003c/p\>\n\u003cp align\u003d\"justify\"\>Según los coordinadores de la propuesta entre los que se encuentran, el Polo Democrático Alternativo PDA, el Partido Liberal Colombiano, la Federación Colombiana de Educadores Fecode, La Central Unitaria de Trabajadores CUT, La Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO, la Federación Nacional de Asambleas Departamentales y los sindicatos del sector salud, es necesario fortalecer la descentralización sobre la base de recursos suficientes para garantizar la solución a todas las necesidades básicas, lo cual se resume en la propuesta de Referendo para que se vuelva a liquidar el sistema general de participaciones SGP con fundamento en los ingresos corrientes de la nación.\n\u003c/p\>\n\u003cp align\u003d\"justify\"\>Teniendo en cuenta que según el art. 33 de la ley 134 de 1994 para poder radicar la solicitud de Referendo constitucional ante el Congreso por parte de un grupo de ciudadanos se debe contar con un numero de firmas no menor al 5% del total de las personas inscritas en el censo electoral correspondiente, que en el caso de Colombia es algo más de 3 millones, los impulsores de esta propuesta esperan sobrepasar ese número en los próximos 60 días, a pesar de tener un plazo de 6 meses, pero en ese caso, la propuesta no podría ser presentada al Congreso sino hasta la vigencia legislativa siguiente "y el freno a las reformas que impone el presidente a través de su para-mayoría en el congreso es más urgente" afirmaron miembros del comité promotor.\n\u003c/p\>\n\u003cp align\u003d\"justify\"\>Por eso ayer en el lanzamiento de la campaña para recolectar las firmas en un acto protocolario los presidentes del Polo Democrático Alternativo PDA, Carlos Gaviria Díaz, el presidente del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo, el congresista, Jorge Enrique Avellaneda y demás representantes de las organizaciones se colocaron la camiseta por el Referendo y pusieron las primeras firmas de las más de 3 millones que deberán ser presentadas.\n",1]
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Previo cumplimiento de los requisitos, la iniciativa quedó inscrita ante la Registraduría Nacional del Estado civil con la Res. No. 4231 del 13 de agosto de 2007, como una solicitud de Referendo Constitucional para garantizar la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico y la descentralización administrativa, reforma a los art. 356 y 357 de la Constitución Nacional.
Según los coordinadores de la propuesta entre los que se encuentran, el Polo Democrático Alternativo PDA, el Partido Liberal Colombiano, la Federación Colombiana de Educadores Fecode, La Central Unitaria de Trabajadores CUT, La Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO, la Federación Nacional de Asambleas Departamentales y los sindicatos del sector salud, es necesario fortalecer la descentralización sobre la base de recursos suficientes para garantizar la solución a todas las necesidades básicas, lo cual se resume en la propuesta de Referendo para que se vuelva a liquidar el sistema general de participaciones SGP con fundamento en los ingresos corrientes de la nación.
Teniendo en cuenta que según el art. 33 de la ley 134 de 1994 para poder radicar la solicitud de Referendo constitucional ante el Congreso por parte de un grupo de ciudadanos se debe contar con un numero de firmas no menor al 5% del total de las personas inscritas en el censo electoral correspondiente, que en el caso de Colombia es algo más de 3 millones, los impulsores de esta propuesta esperan sobrepasar ese número en los próximos 60 días, a pesar de tener un plazo de 6 meses, pero en ese caso, la propuesta no podría ser presentada al Congreso sino hasta la vigencia legislativa siguiente "y el freno a las reformas que impone el presidente a través de su para-mayoría en el congreso es más urgente" afirmaron miembros del comité promotor.
Por eso ayer en el lanzamiento de la campaña para recolectar las firmas en un acto protocolario los presidentes del Polo Democrático Alternativo PDA, Carlos Gaviria Díaz, el presidente del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo, el congresista, Jorge Enrique Avellaneda y demás representantes de las organizaciones se colocaron la camiseta por el Referendo y pusieron las primeras firmas de las más de 3 millones que deberán ser presentadas.
\n\u003cp align\u003d\"justify\"\>\u003cstrong\>Importancia del Referendo\u003c/strong\>\u003c/p\>\n\u003cp align\u003d\"justify\"\>\u003cfont face\u003d\"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif\" size\u003d\"3\"\>\u003cimg height\u003d\"136\" hspace\u003d\"5\" src\u003d\"http://colombia.indymedia.org/uploads/2006/04/carlos_gaviria_diaz.jpg\" width\u003d\"200\" align\u003d\"left\"\>\u003c/font\>Según el maestro Carlos Gaviria, ex candidato a la presidencia y actual presidente del PDA, esta iniciativa es una forma de rescatar la Constitución del 91 que para él fue "una nueva carta de ruta, sumamente aceptable, porque señaló las falencias del anterior sistema (Constitución de 1886) y mostró cual debía ser la ruta que debíamos recorrer para mejorar nuestro camino". Ahora, según coincide con el ex presidente César Gaviria, esa carta política está desdibujada y cada vez se pierden más sus beneficios democráticos y de derechos humanos fundamentales. La constitución del 91, "en la parte ateniente a los derechos como una etapa hacia la paz estaba garantizando derechos económicos, sociales, culturales que eran desconocidos dentro de nuestro constitucionalismo, los derechos a la salud, a la educación, fue un avance significativo, porque la situación lamentable que vivimos, tiene sus causas en la insatisfacción de las necesidades básicas de inmensos sectores de la población colombiana", afirmó Gaviria Díaz.\n\u003c/p\>\n\u003cp align\u003d\"justify\"\>Otro de los reclamos que hará el Referendo es la autonomía de las entidades territoriales, ya que se basa en el concepto de la democracia autonomista que es descentralizadora, donde las comunidades locales y sus gobernantes son quienes deben determinar los gastos y necesitan recursos, contrario a lo que ocurre actualmente donde la disposición gubernamental es autoritaria, centralizadora y absorbente.\n\u003c/p\>\n\u003cp align\u003d\"justify\"\>Con base en estas consignas todas las fuerzas políticas, sindicales y de organizaciones que le han apostado a un nuevo Referendo para Colombia, iniciaron la campaña que será presentada públicamente en cada departamento del país y en los medios de comunicación con el fin de convocar al constituyente primario a decidir sobre la inversión social que como afirman sus coordinadores es decisión de todos y no debe por ningún motivo estar en manos de un poder centralizado, vicio político que se ha venido incrementando aún más en el último periodo presidencial.\n",1]
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Importancia del Referendo
Según el maestro Carlos Gaviria, ex candidato a la presidencia y actual presidente del PDA, esta iniciativa es una forma de rescatar la Constitución del 91 que para él fue "una nueva carta de ruta, sumamente aceptable, porque señaló las falencias del anterior sistema (Constitución de 1886) y mostró cual debía ser la ruta que debíamos recorrer para mejorar nuestro camino". Ahora, según coincide con el ex presidente César Gaviria, esa carta política está desdibujada y cada vez se pierden más sus beneficios democráticos y de derechos humanos fundamentales. La constitución del 91, "en la parte ateniente a los derechos como una etapa hacia la paz estaba garantizando derechos económicos, sociales, culturales que eran desconocidos dentro de nuestro constitucionalismo, los derechos a la salud, a la educación, fue un avance significativo, porque la situación lamentable que vivimos, tiene sus causas en la insatisfacción de las necesidades básicas de inmensos sectores de la población colombiana", afirmó Gaviria Díaz.
Otro de los reclamos que hará el Referendo es la autonomía de las entidades territoriales, ya que se basa en el concepto de la democracia autonomista que es descentralizadora, donde las comunidades locales y sus gobernantes son quienes deben determinar los gastos y necesitan recursos, contrario a lo que ocurre actualmente donde la disposición gubernamental es autoritaria, centralizadora y absorbente. Con base en estas consignas todas las fuerzas políticas, sindicales y de organizaciones que le han apostado a un nuevo Referendo para Colombia, iniciaron la campaña que será presentada públicamente en cada departamento del país y en los medios de comunicación con el fin de convocar al constituyente primario a decidir sobre la inversión social que como afirman sus coordinadores es decisión de todos y no debe por ningún motivo estar en manos de un poder centralizado, vicio político que se ha venido incrementando aún más en el último periodo presidencial.

JUSTIFICACIÓN Y SIGNIFICADO DE UNA MESA DE TRABAJO JURÍDICO FRENTE AL CASO DEL CENTRO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS


Red Hospitalaria
Las personas representantes de diferentes organizaciones que trabajan en el campo del derecho, de los derechos humanos, sindical y de organizaciones sociales vinculadas a la defensa del HSJD, realizaron un primer ejercicio de expresión de expectativas y de justificación de la existencia de una mesa permanente para el diseño de una estrategia jurídica que se articule al proceso de exigibilidad social por el San de Dios de Todos. Se expresaron entre otras ideas.

Es necesario rescatar el aspecto público del problema del HSJD, para esto se requiere un espacio de trabajo jurídico.
Enmarcar el trabajo de la mesa dentro del modelo de salud implementado por el marco legal y reglamentario que rige la prestación del servicio y la reforma al sistema de seguridad social en salud que profundiza el modelo.
El trabajo de la mesa debe centrarse en la exigibilidad del derecho a la salud y la desmercantilización en la prestación del servicio.
Es necesario impulsar procesos de investigación científica y social para valorar los avances que el HSJD ha hecho históricamente al país y para precisar cuál ha sido el rol jugado por los diferentes actores comprometidos en la crisis.
El caso del HSJD también compromete una reflexión sobre el papel de la Universidad Nacional y el tipo de educación en salud que se desarrolló en el centro hospitalario y las implicaciones y cierre para la formación de los médicos en el país.
Ante la complejidad del problema es necesario definir que áreas o problemas específicos puede y debe trabajar un espacio jurídico como el proyectado.
A pesar de que la Sentencia del Consejo de Estado de Marzo de 2005 definió la naturaleza jurídica pública del HSJD, es necesario profundizar en esta naturaleza jurídica por ejemplo, conocer que lugar y qué tipo de entidad es dentro del organigrama de la Beneficiencia de Cundinamarca, si es una entidad con autonomía o esta adscrita, etc.
Por el significado histórico de San Juan de Dios y por sus aportes a la sociedad y a la educación en el país, una estrategia jurídica en defensa del San Juan de Dios se significa por sí misma. También lo justifica un deber ético y político como ciudadanos-as de defender lo público, de denunciar la dilapidación del patrimonio de la nación y reclamar la deuda histórica y social que produjo su crisis y cierre.
Es importante priorizar los temas y las acciones que pueda hacer la mesa en el corto y mediano plazo. Se requiere convocar a otras organizaciones y colectivos de trabajo jurídico que aporten desde sus experticias al proceso de exigibilidad.
Tener claridad que lo jurídico es un medio más en función del fin esencial de defender al San Juan de Dios como entidad pública.
Economizar el nivel de expectativas y de compromisos que puede tener la mesa jurídica, definir lo qué es posible y diferenciarlo de lo deseable.
La mesa debe construirse desde una perspectiva y enfoque de derechos humanos
Priorizar las acciones de tipo colectivo de alto impacto y no hacer litigio individual porque éste puede desbordar las capacidades de la mesa.
Mantener un contacto permanente con la organización social y sindical doliente del San Juan
Tener mecanismos de información hacia la comunidad y de concertación de acciones. Se necesita organizar en red.
Primero hay que politizar el problema antes de judializarlo, esto significa tener una comprensión clara de los diferentes aspectos de la problemática de la crisis del San Juan, para luego sí recomendar una metodología jurídica.
CARACTERIZACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO TRABAJO JURÍDICO FRENTE AL CASO DELCENTRO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
Puestas en conocimiento de los integrantes de la Mesa de Trabajo Jurídico las conclusiones preliminares sobre las expectativas y justificación de su trabajo, se procede con la caracterización de esta Mesa de Trabajo.
La caracterización de la Mesa de Trabajo Jurídico comprende la determinación de sus principios; forma de trabajo y de adoptar decisiones; los temas que abordará y sus líneas de acción.
Previo al desarrollo de la labor de caracterización, interviene el Dr. Javier Arroyo Hernández, quien presenta una síntesis cronológica de la problemática del Hospital San Juan de Dios, la cual se anexa en 25 folios a la relatoría de la Mesa de Trabajo Jurídico.
Se retoma la labor de caracterización de la Mesa con la siguiente propuesta:
La Mesa de Trabajo Jurídico es un espacio de reflexión, de debate, de propuesta y diseño de acciones comunes a la problemática del San Juan de Dios, sobre la base de la elaboración de una política pública de carácter democrático, entendida ésta como la defensa del Derecho Constitucional a la Salud, como bien público, en tanto que la institución es un patrimonio histórico y científico de los Colombianos y principalmente de los ciudadanos Bogotanos, asumiendo esta labor como parte de nuestro compromiso ético y profesional de construir una sociedad basada en el respeto a la dignidad humana y a la vigencia plena de las garantías ciudadanas y las libertades públicas.
Se adoptan como conclusiones sobre la caracterización de la Mesa de Trabajo Jurídico las siguientes:
1. Será un espacio de reflexión, propuesta y debate colectivo sobre loa dimensión jurídico-política de la crisis del Hospital San Juan de Dios (HSJD).
2. Trabajará desde un enfoque integral de los Derechos Humanos.
3. Será un espacio de aportes colectivos, de estudio y aprendizaje colaborativo, de intercambio de experiencias, para ir construyendo colectivamente el caso del HSJD.
4. Sus decisiones serán adoptadas por consenso, de manera motivada y razonada por parte de sus miembros integrantes.
5. Se priorizará lo colectivo a lo individual, se trabajará en el litigio de impacto buscando precedentes judiciales.
6. No será vocera de organizaciones o sectores sociales específicos, sus actuaciones estarán guiadas por un objetivo plural y democrático.
7. Se trabajará en la construcción de propuestas de alternativas de tipo jurídico y organizativo para el Hospital San Juan de Dios.

METODOLOGÍA PRELIMINAR DE LA MESA DE TRABAJO TRABAJO JURÍDICO
Para dar inicio a las labores por parte de la Mesa, fue adoptada la siguiente metodología:
ETAPAS
0. Preliminar o cero:
Consolidación de la integración de la Mesa por parte de diferentes grupos y organizaciones de trabajo jurídico.
I. Recuperación de memoria socio – jurídica:

Determinación del periodo de tiempo objeto del trabajo a realizar.
Ubicación de fuentes de información
Acopio de información para la construcción de una base de datos
Elaboración de matrices.
Diagnostico
Identificación de actores y roles
Identificación de intereses
Determinación y priorización de problemas socio jurídicos.

Comprensión colectiva.
II. Sistematización:

Desarrollo del trabajo de la Mesa
Información jurídicos
III. Formulación de hipótesis de trabajo.
IV. Cartografía jurídica:

Determinación de marco normativo, jurisprudencial y doctrinal.
Identificación de acciones jurídicas posibles y tiempos procésales
Riesgos jurídicos y políticos.
Identificación de acciones jurídicas procedentes a nivel internacional.
Propuesta de política pública frente al Hospital San Juan de Dios.
V. Socialización y consenso sobre litigio de impacto
Los tiempos y costos del proyecto serán objeto de evaluación inicial en las primeras cuatro sesiones de la Mesa de Trabajo, las cuales deberán realizarse en el transcurso de los dos meses siguientes al presente encuentro.